Mi ventana óptica
Por Alejandro Almánzar
Siempre he criticado el uso de la Justicia para defender intereses particulares, incluyendo a políticos y peor, que las altas cortes sean usadas para responder solamente a grupos enquistados en el poder político y económico, sin importar que esa debilidad hunda la sociedad.
Que los poderes del Estado terminan secuestrados por esos mismos sectores, perdiendo su independencia o autonomía para las tomas de decisiones en favor de la institucionalidad. Es penoso saber, que la población vaya cada cuatro años a elegir a representantes, que finalmente sólo representan intereses siniestros, dándoles la espalda al compromiso asumido con el votante para asumir agendas de los enemigos.
Pero la peor desgracia para una nación es que la justicia se confabula con estos grupos que sólo tienen en cuentas sus planes, la peor amenaza al orden legalmente constituido, dejando a la discreción de este funcionario la determinación de una medida que en beneficio de la sociedad emane de cualquier otro poder estatal.
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| A. Almanzar |
En La República Dominicana, donde “imperan tres poderes del Estado”, es fácil comprobar que todo esto se reduce en simple enunciado, porque finalmente, el presidente o un funcionario influyente hace pasar cualquier ley, y es donde nos ponen a pensar en eso que llaman “independencia de poderes”, que termina siendo una complacencia de todo lo que se propongan grupos organizados.
Para entender de lo que hablo, dominicanos de mi generación recordarán “el Juicio del Siglo”, una novela judicial montada por Joaquín Balaguer, contra Salvador Jorge Blanco, a quien para garantizar una condena en su contra se creó todo un escenario del que ningún tecnicismo legal le permitiera escapar.
Era cuando el juez de cualquier estamento lo nombraba el “todopoderoso presidente” y del mismo modo que usted se encontraba al cura que llevaba doble vida, en que daba igual tener la sotana para la invocación, que un rango militar para la represión, fue así como se usó a uniformados para hacer las veces de magistrados que, como soldados, aplicarían justicia obedeciendo órdenes y no a la ley misma.
Pero en Los Estados Unidos, donde esos poderes están mejor equilibrados, que la interferencia es mínima, se observa cómo la política e intereses grupales se adueñaron del quehacer judicial y por eso vimos al presidente Donald Trump que, desde su salida del Ejecutivo, ese poder judicial politizado fue volcado en su contra para perseguirlo hasta la intimidad.
Cómo esa misma justicia hoy día torpedea las decisiones emanadas del presidente, que como he dicho en oportunidades, intenta limpiar a la sociedad de un sistema corrompido, donde los impuestos de los contribuyentes fueron usados a la discreción de gente que sólo se concentró en agendas personales.
El torpedeo a sus órdenes ejecutivas que buscan sacar la lacra de la corrupción del Estado es evidente. Quizás, en estos momentos en que cuenta con esa mayoría congresual encuentre de los suyos que no formen parte de ese entramado corruptor que sirvió de base al abuso indiscriminado del poder contra todo aquel que no se inscribió en la línea programática de sus deseos.
Una justicia politizada no puede detener las acciones revolucionarias que procura ejecutar el presidente Trump, porque es un mandato de la sociedad, cansada de esos males. Como tampoco nadie puede quitarle su autoridad para deportar a ilegales criminales como prometió en su campaña política.
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