Luego de padecer por 22 años todo tipo de atropellos, primero del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y ahora de las autoridades del ...
Luego de padecer por 22 años todo tipo de atropellos, primero del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y ahora de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, la familia Polanco-Fernándfez acude este miércoles 21 de agosto a los tribunales para reclamar el pago de una indemnización ordenada por el Tribunal Constitucional.
La audiencia fue fijada para este miércoles 21 de agosto a las 9:00 de la manana en la Sala Segunda de la Cámara Civil y Commercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El fallo del TC se produjo en respuesta a una solicitud de liquidación de una astreinte a favor de la familia integrada por el periodista Rafael Polanco Peralta y su esposa, Aida Mercedes Fernández de Polanco, beneficiada con una sentencia de la alta corte tras más de 20 anos de litigio por violación de derecho de propiedad.
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| Periodista Rafael A. Polanco Peralta |
El periodista y abogado David R. Lorenzo, quien funge como defensor de la pareja dijo que fueron favorecido con la sentencia TC-0428-18 que ordenó la entrega a sus legítimos propietarios del apartamento 1-C, manzana 4698, edificio 18 en Invivienda Santo Domingo que le fue sustraído en 2000 por un funcionario del INVI, en franca prevaricación.
El fallo de la alta corte, de noviembre de 2018, fue firmado por los pasados magistrados Milton Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano y Lino Vásquez Sámuel, primera y segundo sustitutos, Hermógenes Acosta de los Santos; Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, además del secretario, Julio José Rojas Báez.
El jurista explicó que a pesar de que la familia Polanco-Fernández poseía su título de propiedad del apartamento, el señor José Rivas García, ex funcionario del INVI, se lo adjudicó, en el año 2000 y luego lo vendió, o simuló un acto de venta.
Lorenzo precisó que el Ministerio de la Vivienda fue notificado por Secretaría del TC y por él mediante Acto de Alguacil del ministerial Cristhian José acevedo en la sede del organismo, en la Pedro Henríquez Ureña esquina Alma Mater y recibido por la empleada Ámbar Carvanal, pero ha hecho caso omiso al reclamo de pago.
Recordó que el presidente Luis Abinader Corona instruyó al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para vigilar que los organismos del Estado cumplan las sentencias de la corte y que, conforme al Artículo 31 de la Ley 137-11, Orgánica del TC y los Procedimientos Constitucionales, son vinculantes para todos los órganos del Estado.
Sostuvo que con su actitud irresponsable, los funcionarios del Ministerio de la Vivienda violan el Artículo 51 de la Constitución que establece: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
