Mi ventana óptica
Por Alejandro Almánzar
Aunque el patólogo Sarita Valdez, establece que el muerto habla, difícil sería revelara su inocencia o culpabilidad de un hecho, cuando la policía mata al “delincuente”, sin darle la oportunidad de ver un juez, obligado a guardar silencio en la tumba.
Una señal inequívoca, de que vamos camino a la disolución como Estado, cuando un imputado sea juzgado con el gatillo y no con el mazo, la existencia de ningún ciudadano está garantizada, tampoco puede sobrevivir ninguna libertad o Estado de Derecho.
Lic. Alejandro Almánzar
Con frecuencia reitero a amigos en las redes, que nunca mis críticas son por temas políticos, porque hace mucho que no participo de esta actividad, pero que el derecho a transitar libremente en el país costó muchas noches de tenebrosidad y angustia a los dominicanos.
El sistema policial encarna la represión donde quiera, es su esencia, porque su rol es lidiar con la criminalidad, la delincuencia en todas sus vertientes. Hay que ponerse en los zapatos de alguien que sale de su hogar, dejando familia, para ir a enfrentar a quienes no sienten respeto por la vida, ni siquiera de ellos mismos y menos por la de otros.
Diariamente, policías caen a manos de malhechores, reflejando la peligrosidad de su labor.
Pero que la falta de un ordenamiento jurídico deje en manos de miembros de esta institución el derecho a vivir de la gente debe mover a seria y profunda reflexión.
Las ejecuciones extrajudiciales en La República Dominicana deben ser temas de estudios y análisis por parte de la sociedad, pues se torna peligroso incluso, que el presidente esté convencido al igual que su ministro de Interior y Policía, de que la paz del país debe venir como consecuencia de matar al supuesto delincuente.
Y peor, el silencio cómplice del Ministerio Público, que parece sumarse a tan macabra idea. El ciudadano no sabe si temer más de la policía que de malhechores comunes, llevamos décadas hablando lo mismo a un ejército de sordos.
Basta con remontarnos al 30 de marzo, de 2021, en el kilómetro 45, autopista Duarte, Villa Altagracia, cuando dos religiosos fueron ametrallados por una patrulla, sólo por sospechar se trataba de individuos que habían delinquido.
O al 24 de diciembre, de 2020, cuando uniformados, persiguieron y acribillaron al coronel Israel Rodríguez Cruz, en la puerta de su casa, en Mao, también el 29 de diciembre de 2023, otra patrulla fusiló a tres oficiales de la DNCD en la avenida 30 de Mayo, que aunque no eran angelitos, fíjese, que cuando la ley se emplea a discreción de matones, nadie escapa.
Y como nada nos asombra, un equipo de cazadores de humanos salió en busca de quienes habían “asaltado el Banco Popular”, y una joven madre denunciaba cómo en horas de la madrugada su casita fue allanada, sacaron a su esposo Johan Eduardo Belliard Aybar del aposento, sin una orden judicial, lo balearon en su presencia y después apareció acribillado en “un intercambio de disparos”.
La misma suerte corrió Richard Estrella Arias, en una cabaña donde se encontraba con su novia, una evidencia del caos institucional en que nos han metido las presentes autoridades.
Nadie sabe el rol de Miriam Germán Brito y su Ministerio Público, para impedir que culpables e inocentes vayan a guardar silencio a la tumba sentenciados por el gatillo.
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