Mi ventana óptica: Sin garantías constitucional

Por Alejandro Almánzar

Motivos suficientes tenemos para creer que República Dominicana marcha hacia el caos institucional, con pérdida de los valores democráticos, derechos civiles y garantías que la Ley Suprema ofrece para mantener el Estado de Derechos.

Esto lo evidenciamos diariamente y la gente ya lo asume como lo “normal de la regla”, y alguien debería tomar la iniciativa de pararlo. Es mi queja, los políticos actuales se diferencian poco de Trujillo y otros dictadores que pretendieron imponer el orden promoviendo la anarquía.

No tenemos espacios aquí para poner ejemplos de acontecimientos propios del primitivismo que ponen en evidencia cuanto decimos antes y que, acostumbrados a ver que un escándalo borra otro, se va convirtiendo en lo cotidiano, donde ya ni sabemos si sus familiares tienen espacio para asimilarlos.

Ahora sólo citaré los últimos dos sucesos que edifican sobre lo anterior. El 27 de diciembre, falleció Darío Antonio González, luego de ser puesto en mano de la autoridad policial en Moca, acusado de haber violado a su madre, lo cual fue negado tanto por su progenitora, como por familiares.

Por ejemplo, esto fue lo que dijo su hija Estefany Paulino, “mi padre me confesó antes de morir, que fue golpeado por la policía y que instigaron a presos a agredirlo y abusaran sexualmente de él”, o sea, sin nadie investigar nada, al señor lo torturaron “por sospecha” hasta matarlo.

Y esta es la fecha, en que ninguna autoridad competente se ha referido a ese acto cavernario cometido por gente sádica. Imagínese, que un ciudadano se crea protegido por la autoridad que colocándose por encima del orden establecido es quien lo mata u ordena a criminales que lo hagan.

Pero, el 29 de diciembre, un equipito criminal de la DICRIM, fusiló a tres oficiales de la DNCD, 2 de la Armada Dominicana y otro perteneciente creo a la policía, en el kilómetro 12 de Haina y lo que dicen sobre esto es, que se trató de uniformados al servicio del narcotráfico que llevaron a cabo un ajuste de cuentas contra ellos.

Supuestamente, estos realizaban los denominados “Tumbes”, robando drogas y secuestrando a personal de carteles mexicanos y colombianos en el país, exigiendo rescate de cientos de miles de dólares para liberarlos.

Las autoridades dijeron están investigando lo sucedido, pero si unos videos que ruedan tanto en redes sociales, como en medios tradicionales no es montaje, no es mucho lo que se tiene que investigar para conocer de lo que ahí ocurrió.

Una ejecución a tres personas, que por delincuentes que fueran, la autoridad debió resguardarles sus derechos consagrados en la Constitución. Donde fuera un tribunal que decidiera su suerte después de agotarse el procedimiento de ley que se supone impera allí.

Que cualquier uniformado pueda decidir quién es sospechoso para privarlo de libertad, que se arrogue el derecho de disponer de la vida de un prisionero cuando ya está sometido, es el claro ejemplo de que nuestro país ha perdido las garantías constitucionales.

Y nada peor, saber que la sociedad conoce de tan recurrente mala práctica y permanece indiferente y en silencio, mientras el mundo nos ve como un conglomerado primitivo, donde no se respetan normas establecidas. Que esto nos conducirá a lo que vive el vecino país haitiano. ¿Dónde están el Defensor del Pueblo y los Derechos Humanos? Bien, gracias!.