Mi ventana óptica
Por Alejandro Almánzar
Toda sociedad civilizada aboga por la dictadura de la ley, rechaza la impunidad, pero jamás aceptaría que en nombre de hacer justicia se violenten los derechos a los individuos, y peor, cuando eso viene con un trasfondo político para vengarse del incriminado.
Aunque el apresamiento de un exfuncionario genere el morbo callejero en quienes sólo tienen fanatismo en la cabeza, tomando en cuenta que la esencia del hombre es la libertad, si realmente se busca combatir la corrupción, la prisión debe considerarse la última alternativa.
No pongo en boca ajena palabras que no haya dicho, pero algo así debe ser lo que está reclamando el diputado del PRM, Aníbal Díaz, sobre la prisión de Ramón Peralta y Donald Guerrero, dos ciudadanos que hasta pruebas encontradas son inocentes según la Constitución.
Pero, además, con arraigos suficientes para no sustraerse del proceso en su contra. De eso siempre me he lamentado y quejado, en una sociedad donde prevalezca el “tránquenlo” no puede imperar la justicia, la democracia, tampoco el Estado de Derecho. Lic. A. Almanzar
Este accionar de quienes llegan al poder político deja establecido claramente que no hemos superado la dictadura a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma Trujillo-Molina todavía merodea los tribunales, voceando “tránquenlo carajo” en completo desprecio a la libertad del hombre.
Debe ser por eso, que todavía hay sectores acariciando el retorno del dictador, aunque sea a través de otra persona. Una lástima, que a mas de seis décadas intentando vivir con democracia esos grupos permanezcan anclados en ese pasado lúgubre, como si el tiempo se hubiese detenido y las circunstancias fueran las mismas.
Siguiendo este patrón judicial, jamás habrá sanciones para los corruptos, mientras la justicia pueda servir a intereses políticos, lo que debe preocuparnos grandemente, incluyendo a quienes hoy baten palmas con el abuso judicial que se pudiera estar cometiendo contra cualquier ciudadano.
Esto lo he repetido varias veces, es uno de los desagradables problemas que exhibe el periodista independiente que no escribe por encargo, ni sirve a intereses grupales, estas circunstancias nos obligan a salir en defensa de gente que parecen indefendibles, pero como no somos jueces ni fiscales, estamos compelidos a reclamar sus derechos, aunque juzgarlo es tarea de los tribunales.
Siempre cito el caso de Leonel Almonte, debí salir en defensa de sus derechos, pues él cometería los hechos imputados, pero en su caso se aplicó mas la saña judicial por asunto político que el deseo de hacer la sana justicia, y nuestro rol es ser guardianes de las libertades de las personas, a lo que no podemos renunciar porque se trate de aquellos que cita el diputado oficialista.
Y cuando a los funcionarios del actual gobierno les toque, estaremos en la misma línea, prestos a exigir a ellos se aplique la verdadera justicia como ordenan la Constitución y las leyes del país. Como también son válidas las quejas del magistrado Jorge Subero Isa, la prisión no puede ser la norma donde prevalezca el respeto al debido proceso en los tribunales.
La elaboración de expedientes con miles de páginas es parte de la dilación judicial para perjudicar al procesado. Judicializar no significa alimentar el morbo, ni convertir en culpables a posibles inocentes, porque en ese caso estamos hablando de una justicia puramente dictatorial, que en lugar de castigar malas acciones, lacera la libertad de los investigados.
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