Mi Ventana Óptica
Por Alejandro Almánzar
El incidente protagonizado por congresistas con el ministro de Educación, es el claro ejemplo de cuando personas ejercen funciones que desconocen en su totalidad, que ni siquiera saben del límite de sus atribuciones.
Al ministro Ángel Hernández, no fue mucho lo que lo traté en mis días de reportero en Santiago, pero las veces que lo entrevisté, recuerdo al ciudadano correcto, cordial y respetuoso, contrario al que me quieren vender dichos representantes.
Hace unos días, hablaba de la vergüenza que resulta una institución, que tan caro le sale al contribuyente, por el accionar desproporcionado de muchos ahí, que mientras la sociedad que los elige sufre con la delincuencia, criminalidad, altos precios de la canasta familiar, estos se enfocan en nimiedades, como si su rol no fuera defenderla.
Un Hemiciclo, donde sus miembros se vinculan al narcotráfico, crimen organizado, robos de propiedades a particulares y sólo por ser “el primer poder del Estado”, nadie les sanciona, ni siquiera internamente.
Quienes se coloca por encima de todo el mundo, incluyendo de los que por ellos dan el voto. Podría estar equivocado, pero creo, esta función debería ser desempeñada por individuos con cierta preparación académica, con conocimiento de derecho y alguien revestido de una incuestionable solvencia ética y autoridad moral.
Como excusa me dirían, que eso discrimina y contraviene la Constitución dominicana, pero qué futuro tendría un país, dónde quienes están para hacer las leyes no tengan ni la mas mínima conciencia del rol que le corresponde frente a los demás poderes.
Que aprueban proyectos sin leerlos, porque aparte de no gustarles leer, tampoco interpretan lo que leen antes de firmar lo aprobado. La ciudadanía debe ir pensando en poner su destino de legislar en manos mas responsables y terminar con tantos privilegios de estas personas.
Porque cuando se trata de un profesional que ocupa la curul, sabe que tiene doble responsabilidad ciudadana, su cargo y el compromiso al titularse en una universidad. Eso evitaría, que el pueblo siga viéndose en escándalos, donde diputados aparecen poniendo en tela de juicio la institucionalidad que debe garantizar la continuidad y buen desenvolvimiento de la nación.
Sólo en la semana que concluye, fue allanada la vivienda de una diputada del PRM, en el Seibo, relacionada con el narcotráfico, según las autoridades. En la Vega, otra diputada de ese mismo partido, también es involucrada con esas actividades ilícitas. Todavía recordamos a Radhamés Ramos, un congresista traficante de asiáticos por la frontera con Haití. El otro que, al llegar a Miami, fue apresado por narco y otros tantos casos que nos dicen, estos funcionarios son una vergüenza.
Que los dominicanos saldríamos ganando, cerrando un Congreso convertido en una guarida de delincuentes que salen pensionados de por vida sin aportarnos nada. Radhamés, por ejemplo, no necesita pelearse con Luis, por un empleo, porque por su condición de exdiputado, el Estado tiene que pagarle una pensión para siempre.
Pero al que guarda prisión en Miami, según medios de comunicación del país, a ese “honorable ciudadano” les depositan todos los meses su salario, como si desde la cárcel, le estuviera rindiendo alguna función al país.
O sea, estos omnipotentes legisladores, “tienen facultad legal y constitucional, para llegar al despacho de cualquier ministro a chantajearlo y amenazarlo, protegidos por una inmunidad que raya la impunidad como los casos antes citados.
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