Espaillat preocupado por violencia somete resolución Congreso-EUA declararla “crisis de salud pública”

Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- El primer y único congresista dominicano en los Estados Unidos, Adriano Espaillat, preocupado por la extrem...

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El primer y único congresista dominicano en los Estados Unidos, Adriano Espaillat, preocupado por la extrema violencia con armas de fuego en territorio estadounidense, sometió una resolución en el Congreso para declarar ese mal como una crisis de salud pública.

Dicha resolución insta a que participen todas las instancias del Gobierno para abordar la crisis de salud pública de la violencia con armas de fuego, a fin de garantizar la seguridad de todos los niños.

 

La pieza legislativa insta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a continuar su trabajo utilizando el enfoque de salud pública de cuatro pasos para la prevención de la violencia y colaborar con otras agencias del Gobierno federal para resolver la crisis.

 

Asimismo, insta al Cirujano General a emitir un informe sobre lesiones por armas de fuego y prevención de la violencia.

 

También, apoya las resoluciones redactadas, presentadas y adoptadas por ciudades, localidades y estados de toda la nación para que declaren la violencia con armas como una crisis o emergencia de salud pública.

 

Además, compromete a la Cámara de Representantes a poner fin a la crisis de salud pública por violencia con armas de fuego para que todas las personas puedan disfrutar de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

 

“Enfrentar los terribles actos de violencia a diario que cobran la vida de nuestros hijos y seres queridos debe ser una de las principales prioridades de nuestra nación”, dijo Espaillat.

 

Junto a él, sometió la resolución la congresista de Texas-16, Verónica Escobar, y está copatrocinada por otros congresistas, entre ellos Madeleine Dean (PA-04), Nydia Velázquez (NY-07), Juan Vargas (CA-51), Emanuel Cleaver II (MO-05), Jim Cooper (TN-05), Ritchie Torres (NY-15), John B. Larson (CT-01), Dwight Evans (PA-03), Barbara Lee (CA-13), Thomas Suozzi (NY-03), Bonnie Watson Coleman (NJ-12), y Eric Swalwell (CA-15).

Asimismo, por John Garamendi (CA-03), Tony Cardenas (CA-29), Sheila Jackson Lee (TX-18), Albio Sires (NJ-08), Anthony G. Brown (MD-04), Nikema Williams (GA-05), Caroline B. Maloney (NY-12), Rubén Gallego (AZ-07), Dina Titus (NV-01), Danny Davis (IL-07), Andre Carson (IN-07), Paul D. Tonko (NY-20), Zoe Lofgren (CA-19), Terri Sewell (AL-07), Jim Himes (CT-04), Jim Cooper (TN-05), Gwen Moore (WI-04), y Colin Allred (TX-32), entre otros.

Entre las organizaciones que la respaldan figuran: Giffords, Marcha por Nuestras Vidas, Asociación Nacional de Educación, Newton Action Alliance, YWCA USA, Maine Gun Safety Coalition, CT against Gun Violence, Ceasefire PA, Orange Ribbons For Gun Safety, Gun Sense Vermont, Wisconsin Anti-Violence Effort, y TX Gun Sense, entre otras.

 

En cada caso, tanto los demandantes como los demandados, disponen de 15 días para recurrir en “revisión”, por ante este mismo Tribunal y 30 días para recurrir en Casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

 

Por su parte, Tejada, ex consultor jurídico del consulado de RD en NY, ha señalado como buen precedente el que se haga justicia con los desvinculados del servicio exterior, y que ha sometido 30 casos similares, muchos se han ventilado en diferentes Cámaras y algunos han sido declinados.

El abogado es un experto en reclamos laborales, inmigración, demandas en particiones de herencia, accidentes vehiculares e inversiones inmobiliarias -compras y ventas de propiedades, entre otros casos, con bufete en la calle Pina #107, esquina Beller, Suite #201, Ciudad Nueva, con E-Mail: tejadatamayo@gmail.com y teléfonos 809-692-5107 y 849-360-7614.

El artículo 139 de la Constitución de la RD establece que los Tribunales son los encargados de controlar la legalidad en los actos de la Administración Pública, y al TSA ser un órgano jurisdiccional miembro del Poder Judicial del país es parte del Estado Dominicano, por lo cual es su deber velar por la protección efectiva de los derechos de la persona.