Por Alejandro Almánzar
Como historia sin final, raros días pasan, sin que Los Estados Unidos sea sacudido por un acto de terror, provocado por gente desquiciada o criminales, que se divierten ejecutando matanzas.
Desde 1791, la Segunda Enmienda, otorga un derecho constitucional al ciudadano para comprar armas, y cuantas veces ocurren hechos como el de Uvalde, Texas, donde Salvador Ramos, acabó con la vida de 19 niños y dos maestras, en un aula de Robb Elementary School, resurge el debate.
Un mortífero ataque, que revive la brutal ejecución de 20 alumnos y seis maestros, en Sandy Hook, Elementary School, de Connecticut, en 2012, y el reciente tiroteo, con diez muertos en Buffalo, NY.
Quienes controlan el poder político, no han podido cambiar su aplicación, por tratarse de un mandato constitucional, mientras quienes pierden a sus seres queridos sólo les queda el dolor.
No quiero enfocarme en culpables, pues cuando esto se aprobó, había motivos suficientes, porque se trataba de los estadounidenses defender su Independencia frente a Reino Unido.
La incógnita es, si no pueden ponerse de acuerdo, para crear mecanismos que impidan cualquiera pueda adquirirlas, sólo como requisito tener18 años, cuando para comprar tabaco y alcohol, el joven debe contar con 21 años.
Que, en nombre de la Carta de Derechos, no le exijan, mostrar certificados de buena conducta y salud mental. La Corte Suprema, ha establecido muchas veces el alcance de dicha Enmienda, tanto para la tenencia, como para la fabricación, a pesar de las masacres en escuelas, universidades, centros comerciales y en trenes, dejando a la autoridad de mano atada para tomar medidas.
Pero insólito es, que tampoco establezcan controles para acceder a centros educativos, aunque he sabido, en Texas, educadores llevan armas y si nadie tiene como enfrentar esto, así debería ser en los demás Estados, pues no es posible, que un criminal entre tan fácil a matar personas desarmadas.
El Estado debe ser garante de la vida de los ciudadanos y el uso indiscriminado de las armas le impide jugar su rol, pues el porte de la misma, se asume como "la legitima defensa del ciudadano, para evitar que la autoridad gubernamental se vuelva tiránica, y reducir la tasa de criminalidad”.
Y explicado así, se entendería, pero debe contemplar, que los Salvador Ramos, provenientes de hogares disfuncionales, donde posiblemente, no hubo una buena orientación, que creció abrumado por el rencor, la burla y el odio hacia las personas, que ni su abuelita escapó a sus desvaríos, no puedan comprarlas.
Cualquiera se niega a creer, que la Segunda Enmienda, se sustente en que cualquier desalmado cometa estos genocidios, un individuo, que tres o cinco días después de cumplir la edad que la ley le otorga para comprar armas, fue lo primero que hizo, para sembrar de dolor y pavor a la sociedad.
No es culpar al que vende o las fabrica, preocupante es, la falta de controles para evitar tantas tragedias. Incluso, los establecimientos comerciales deben tener detectores, mientras los sectores se ponen de acuerdo sobre tan espinoso tema.
Aunque el último estudio revela, que un 76% de la población defiende las armas en poder de civiles, sin importar que, en 2020, 45 mil personas murieron por disparos. Una vergüenza para USA, único en el mundo, donde las mismas escenas de dolor en centros educativos y plazas públicas se repiten creando pánico en la población.
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