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Por Alejandro Almánzar
Como todo mal obra para bien, lo ocurrido en el Canódromo, El Coco, ante la presencia de Pablo Ulloa, como Defensor del Pueblo, acompañado de la prensa, atendiendo constantes quejas de ciudadanos, sobre abusos que en su contra comenten esas autoridades, refleja que de institucionalidad tenemos poco.
Que, servidores públicos no conocen las leyes, ni del mandato constitucional de lo que están revestidos funcionarios como él, pone a pensar, que tanta violencia contra Ulloa y la prensa, es para esconder más de lo que cualquiera pudiera imaginarse.
En dicho lugar, debe haber algo más que una mafia para incautarles de forma ilegal los vehículos y motocicletas a sus dueños, para extorsionarlos vilmente, ante la mirada cómplice de quienes gobiernan el país.
En la nota, emitida por el director de la DIGESETT, decía, que nadie les informó de la visita del funcionario, admitiendo su desconocimiento de las atribuciones que confiere la Constitución y las leyes al defensor del pueblo.
Y, si eso es este oficial superior, nada de extraño tiene, que su subalterna dijera a un medio, que “ella desconocía, en el país existía esta figura y que lo confundió con una turba, que fue a atacar su personal”.
Ahora vemos mejor, de lo que adolece un Estado, donde cualquiera puede ocupar un puesto, sin estar minimamente preparado. Pero posiblemente, el Ministerio Público, desaprovechó una gran oportunidad, de auxiliarse de la DNCD, e ir a comprobar qué esconden estos corruptos uniformados.
Cualquiera duda, el incidente fuera para evitar se conociera de la mafia que opera mediante el secuestro de vehículos a infelices. Investigar, si el crimen organizado anda por ahí, buscando saber por dónde (le entra el agua al Coco).
Ya puede ser tarde para comprobarlo, pues después de lo sucedido, se retiraría cualquier evidencia y todo queda como un incidente con el funcionario y periodistas. Dos instancias, que tienen el compromiso ineludible, de proteger al pueblo de abusos y atropellos, como los que esa autoridad comete contra gente indefensa, apoderándose de sus bienes, sin una orden judicial.
Cada escándalo nos muestra, por qué la corrupción arropa a la sociedad, reciente está aún, el caso en la Victoria, donde oficiales, instalan servicios de internet, para venderle comodidad a prisioneros y proteger negocios que dicen son de quienes cumplen condenas en dicho penal, y que eran ellos, que tenían montados sofisticados equipos de comunicación, un caso, para que estuviera en el banquillo toda la autoridad del recinto y quienes tienen a su cargo el modelo penitenciario.
Propietarios de motocicletas, denuncian diariamente, que esos agentes los despojan de su medio de trabajo, y que cuando los devuelven, es destruidos y la autoridad permite tan groseras violaciones a los derechos civiles de las personas, acentuando así la falta de justicia en el país.
Pero ante esa afrenta al ejercicio periodístico, los sindicatos de la prensa, y el CDP, ya debieron estar convocando a una concentración masiva, para denunciar ante el mundo un hecho inaudito, que ni en época de dictaduras el periodista sufrió semejantes vejámenes.
Un duro golpe a la libertad de informar, que no puede pasar desapercibido, ni quedarse en demandar sanciones disciplinarias, pues la justicia tiene el deber de enjuiciar y aplicar correctivos ante tan cavernario proceder y descubrir, qué esconde esta gente en el Canódromo, que temen sea expuesto a la opinión pública.
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