!Urgente! avalar los derechos humanos y Justicia para las mujeres en reclusión en México

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Elsiembrahielo.com

Por Araceli Aguilar Salgado

La realidad de la mujer privada de su libertad reviste una diversidad de matices debido a una administración de justicia inicua y diferencial; en muchos casos, y de acuerdo con diversos testimonios, ella es juzgada no sólo en función de la conducta exhibida, sino sumando a ella la condición de género, fenómeno que se hace extensivo a las condiciones de vida en prisión y a las familias de las mujeres cautivas.

Cerca de la mitad de las mujeres que se ven privadas de libertad en México lo están por delitos contra la salud pública al tener una cantidad de drogas un poco mayor que la permitida legalmente. Muchas de ellas es la primera vez que delinquen al tiempo que han sufrido abusos. QUIS Una organización feminista lucha por ayudarlas y que sean tratadas de acuerdo con las normas internacionales.

El encarcelamiento de personas a las que no se les ha probado un delito debería ser un recurso excepcional (como lo establece las leyes penales y los tratados internacionales), en los hechos la realidad es distinta en México. En promedio 4 de cada 10 internos en prisión no han sido enjuiciadas ni sentenciados.

Los datos de 2021 consolidaron dicha tendencia. Del total de personas en prisión, 93 mil 255 son internos sujetos a proceso pero siguen siendo legalmente inocentes. Equivalen al 41.7% del total de personas presas, un ligero incremento respecto al 2020 donde dicho universo era de 41.6%.

El número de mujeres en Prisión Preventiva Oficiosa creció en 24.6% de 2019 a agosto de 2020, lo que representa el incremento más alto registrado desde 2013, hay todavía un factor más que hace que la situación de las mujeres en reclusión penitenciaria sea más dura que para los hombres: la prisión preventiva oficiosa (PPO). Esta medida cautelar, en la práctica, permite enviar a la cárcel a una persona con la sola acusación de un ministerio público. Dicho en otras palabras, a través de esta medida se puede encarcelar a una persona sin que se tengan suficientes pruebas en su contra; sin que existan elementos de riesgo para tenerla encerrada mientras se dicta sentencia y, sobre todo, sin que un juez haya determinado su culpabilidad.

QUIS Justicia para las Mujeres es una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en México mediante estrategias de acceso a la justicia, incidencia en propuestas de políticas públicas y el fortalecimiento de liderazgos para alcanzar la justicia social.

Esta organización lleva desde 2014 enfocándose en un tema novedoso a nivel internacional y en México: la situación de las mujeres encarceladas por delitos de drogas.

Isabel Erreguerena, directora de EQUIS, contó a Noticias ONU cómo la organización empezó a trabajar con reclusas, dándose cuenta de que el porcentaje de mujeres que están en la cárcel por delitos contra la salud es cercano a la mitad de la población carcelaria.

“Entre 2016 y 2018 vimos un incremento en el fuero común del 103% de mujeres privadas por delitos contra de la salud, y sigue siendo el delito con mayor población penitenciaria, representando el 43%, y nos hicimos la pregunta ¿Por qué?”, agregó. 

Y al ver los censos, la respuesta fue que la mayoría de las mujeres tenían características similares: eran privadas de libertad por posesión para uso de comercio, esto quiere decir que poseían un poco más de la cantidad que se permite y creen que es con fines de comercio; también la mayoría son mujeres en situación de vulnerabilidad o que son incriminadas en algún delito.

“Nosotras nos dimos cuenta de que no había organizaciones que trabajan con mujeres privadas de su libertad”, explica Erreguerena, quien indica que también vieron que estas mujeres son “primos delincuentes”, es decir que es la primera vez que delinquen. Además, fueron detenidas sólo por ese delito y no por otro; ni estaban en posesión de armas.

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en México, señala que el 41% de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas, y el 21% de las detenidas por el Ejército también.

El 48% de todas ellas declararon haber sido torturadas y el 48,8% sufrió alguna agresión física antes de llegar ante el Ministerio Público, lugar en dónde se realizan las denuncias o llevan a las personas detenidas. Los estados con mayor tortura son: Michoacán Colima, el Estado de México, y Aguascalientes.

Esta misma encuesta también arrojó que el 34% de las personas han declarado haber sido agredidas por los custodios. Mientras que al 58% no se les informó del motivo de su detención y al 65% no se les informó sobre sus derechos todo lo cual provoca indefensión.

Además, en el 68% de los casos las autoridades no mostraron su placa. Este análisis finalmente arrojó que el 43,9% de las personas privadas de su libertad pudieron haber sido acusadas falsamente o haber sido implicadas en algún delito, y sin embargo el 10,4% no ha podido comprobar su inocencia.

“Por nuestra parte, en la parte cualitativa entrevistamos a mujeres de Oaxaca y de la Ciudad de México, y a todas las personas que entrevisté que habían sido detenidas por delitos contra la salud, todas habían sido torturadas sexualmente, no había ninguna que no declarara que no lo había sido.”

En 2015, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; éstas contienen directrices importantes en la gestión penitenciaria, incluyendo una prohibición absoluta de la tortura y los tratos inhumanos, así como claras restricciones en el uso del confinamiento solitario y registros intrusivos.

De acuerdo a las Directrices para el tratamiento de mujeres condenadas a penas privativas de la libertad, no privativas de la libertad y medidas para mujeres delincuentes, a las internas que reporten abusos se les deberá proveer protección y apoyo inmediato y su denuncia debe investigarse por una autoridad competente e independiente, con total respeto al principio de confidencialidad.

Las medidas de protección deben tomar en cuenta específicamente los riesgos de represalias de la persona responsable de los abusos.

Por otro lado, las internas que queden embarazadas como resultado de abuso sexual deberían recibir un apropiado asesoramiento y consejo médico, además de proveerles apoyo y tratamiento para su salud, como ayuda legal.

Este reglamento también especifica que, al momento del registro de las reclusas, se deben aplicar las medidas eficaces para garantizar que la dignidad de las mujeres esté protegida durante los registros personales, y estas deben ser llevadas por personal penitenciario femenino que estén capacitadas para ello.

Teniendo en cuenta el alto número de mujeres que son detenidas por delitos menores relacionados con drogas, en este reglamento se especifica que, al determinar la condena, los juzgados deberían tener el poder de considerar la mitigación de la condena de las mujeres que han cometido este tipo de delitos.

También dice que se debería promover la sensibilidad al género mediante el acceso de las mujeres a programas de tratamiento para abuso de sustancias en la comunidad para prevenir el delito, así como también la diversidad y alternativas a los propósitos de la condena. 

Reinserción social De acuerdo con la Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) los índices de reincidencia siguen siendo muy altos entre ciertos grupos de delincuentes. Aunque no cuenta con las estadísticas globales, los datos de países individuales arrojan altos índices de reincidencia, alcanzando un 70% o más.

La UNODC señala que los sistemas de justicia penal deben diseñar y realizar intervenciones y programas de reintegración social eficaz para evitar la reincidencia y para detener el ciclo de integración social fallida.

Aunado a esto EQUIS estudió, analizó, y propuso políticas necesarias para que se cumplan con los derechos de las personas al ser detenidas. Comenzaron a trabajar con mujeres que ya habían salido de la cárcel, creando una red y formado organizaciones que están luchando por sus derechos, como el caso de: Mujeres Unidas por la libertad, Lebusol, Mujeres libres México, y Artículo 20.

Isabel Erreguerena nos contó un poco el proceso por el que pasan las mujeres una vez que logran recuperar su libertad. El primer y principal problema con el que se enfrentan, es que salen por la madrugada y sin documentos oficiales que les acrediten su ciudadanía.

“Normalmente es un rollo burocrático que no te den una identificación, como rentas algo si no la tienes, o pides un trabajo. Después el famoso tema de antecedentes penales que, aunque esté prohibido, lo siguen pidiendo.”

Por ello, EQUIS realizó un mecanismo de justicia social para liberar a las personas que estaban siendo privadas de su libertad injustamente por la política de seguridad fallida, un mecanismo de reinserción social, y una política de drogas basadas en el derecho a la salud.

De acuerdo con estos estudios y trabajo, se ha detectado que las principales dificultades con las que se enfrentan las mujeres son volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral, y su salud mental, pero por lo general no cuentan con los recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas.

Se necesitan buenos planes y crear políticas públicas para que las personas puedan reiniciar su vida. Una podría ser que tengan su identificación oficial (INE) al salir, y otra podría ser la generación de bolsas de trabajo. De acuerdo con lsabel, México no tiene políticas públicas de reinserción social, lo más cercano es el Instituto de Reinserción Social en la Ciudad de México, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El Instituto de Reinserción Social ayuda a los antiguos reclusos, pero únicamente se encuentra en la Ciudad de México, por lo que, EQUIS pide que se replique en todos los estados, pues a su parecer, urgen políticas públicas para que las mujeres que estuvieron privadas de su libertad puedan encontrar oportunidades para reintegrarse en la sociedad.

Este Instituto tiene el objetivo de ofrecer preparación y apoyos a las personas para que fortalezcan sus habilidades laborales para su empleabilidad o autoempleo, que les ayude a lograr su proyecto de vida, esto a través de una capacitación introductoria para crear un proyecto de micro o pequeña empresa familiar y puedan auto emplearse y tener un ingreso económico.

Este programa también ofrece un apoyo económico para que puedan mantenerse mientras se emplean o auto emplean e iniciar su proceso de reinserción social.

Por todo esto, en las acciones propuestas por EQUIS se destaca la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad, en el caso de mujeres embarazadas y madres que hayan sido acusadas de delitos menores y no violentos, como:

·         Trabajar a favor de la comunidad,

·         Someterse a un tratamiento de deshabituación en caso de uso dependiente de sustancias psicoactivas

·         Presentarse a firmar ante una autoridad

·         Pagar una multa

·         Una amonestación verbal

También propone la participación de las mujeres, las niñas y de la sociedad civil, en la elaboración e implementación de las políticas de drogas.  

Por lo que trabajar a favor de la comunidad, someterse a un tratamiento de deshabituación en caso de uso dependiente de sustancias psicoactivas presentarse a firmar ante una autoridad pagar una multa una amonestación verbal También propone la participación de las mujeres, las niñas y de la sociedad civil, en la elaboración e implementación de las políticas de drogas.  

El impacto tan grande que actualmente está teniendo la PPO en las mujeres.

Un factor a considerar es la influencia de los estereotipos de género, que devienen en castigos más severos para las mujeres. Reinserta, en su Diagnóstico sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México 2020, elaborado con entrevistas a 3,073 personas privadas de la libertad en cinco entidades federativas, señala que las mujeres enfrentan un tiempo promedio de sentencia mucho mayor (23 años) que los hombres (cinco años), sin importar el tipo de delito que hayan cometido unos y otras.

Esta gigantesca diferencia es un reflejo más de la desigualdad que aún subsiste entre hombres y mujeres. Desde épocas muy antiguas, las mujeres han sido severamente castigadas más por no cumplir con su “rol tradicional en la sociedad” que por su conducta delictiva.

Garantizar la igualdad de trato en función de género, atendiendo a sus diferencias específicas, debe ser uno de los objetivos centrales de toda sociedad. Por ello, México Evalúa hace un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a fin de que evalúen el impacto de las reformas legislativas que han realizado en materia de PPO, o de las que tengan programado llevar a cabo y, en general, hacemos un llamado a todas las autoridades mexicanas relacionadas con el sistema de justicia para que tomen conciencia de los datos que aquí mostramos, y adviertan la urgente necesidad de formular políticas públicas que procuren una mejor práctica penitenciaria para las mujeres que enfrentan un proceso penal.

* Fuente Primavera Díaz de Noticias ONU.


Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Presidenta del Congreso Hispanoamericano de Prensa, A


 

 


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