Lic. Alejandro Almanzar
Mucho tiempo pasó, para que apareciera un poder capaz de detener las acciones de grupos organizados en el país, que por décadas vienen vulnerando los derechos de los demás, desconociendo que el Estado somos todos, como decía Jacobo Majluta. Es precisamente lo que vino a hacer la Sentencia 0330-21, del Tribunal Constitucional, para evitar se laceren derechos ciudadanos, consagrados en Ley Sustantiva, en lo relativo a las rutas del transporte de pasajeros, monopolizadas por particulares.
Pero otras sentencias deben venir de camino, contra quienes se aprovechan de una población huérfana de autoridades que les defiendan, con gobernantes y legisladores que en conciliábulo con esos sectores la despojan de sus derechos constitucionales.
Revisar, hasta dónde la gente puede seguir siendo estafada con servicios que debe garantizar el Estado, como electricidad y comunicación, en manos de explotadores, que les obligan a pagar por lo que no reciben, en el caso de la primera, la gente paga por apagones.
Y las compañías que venden servicios de comunicación engañan a los usuarios. Cuando surgió la idea del TC y otras Altas Cortes, quienes se han repartido los bienes públicos como únicos herederos, pronosticaron “desastres” que una instancia con tanto poder acarrearía.
"Los inversionistas se alejarían y entraríamos en un desorden generalizado", como quien está seguro, que donde no hay orden bien establecido, la pesca en río revuelto deja mayores ganancias, sin importar que la corriente de aguas pestilentes asfixien al pueblo.
Siempre me preocupó, que sindicalistas y unos cuantos vivos empresarios se cogieran el negocio del transporte de cargas y pasajeros para hacerse millonarios, explotando a los dueños legítimos de estos, mientras la autoridad mira hacia otro lado.
Fue así, como dicho sector se convirtió en una especie de mafia, donde infelices fueron asesinados y otros sufren los estragos de su violencia, para ellos adueñarse como perros salvajes de lo que les pertenece a todos, y ojalá, esta inapelable decisión venga a poner fin a sus ademanes.
Gracias, que aparecieron políticos mejores intencionados, con visión de civismo, que desde el poder promovieron instancias legales como esta, con el poder y autoridad para defender a la gente de los forajidos que se amparan en la ilegalidad, que sólo falta vayan y reclamen como suyo el Altar de la Patria o el Palacio Nacional. Descendientes de bucaneros y filibusteros, que creen vivir en tiempos coloniales.
Aunque tenemos el Congreso más caro, los legisladores sólo someten leyes conformes a intereses personales y grupales, jamás en beneficio de la sociedad. Vieron caer a hombres humildes, reclamando ese legítimo derecho, y nunca se dignaron en establecer reglas que detengan los abusos.
La forma ejemplar y de defensa a la Constitución de esos magistrados, demuestra que la militancia no limita la independencia de acción, cuando el individuo ha sido formado en valores, pues desde su creación, así proceden estos honorables jueces, que hoy detienen a “sindicalistas”, que implantaron un imperio de terror en calles dominicanas para adueñarse de tan vital quehacer.
Esto viene a restaurar derechos conculcados, y obliga a la autoridad a hacer cumplir la Ley Suprema del país, para acabar con el vandalismo impuesto por esos grupos en el transporte de pasajeros, estableciendo que nadie puede instaurar el monopolio de ningún servicio público que no sea el Estado. Viva el Tribunal Constitucional y sus honorables jueces, con su sentencia tan oportuna.
