Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Un grupo de dominicanos residentes en los Estados Unidos y que cursaron estudios en la desaparecida Unión Soviética, externó su apoyo a los reclamos que realiza el ingeniero Miguel Liberato, quien recientemente demandó por 50 millones de pesos a un ex-director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Ing. Miguel Liberato/ demandante
Liberato, quien es egresado del Instituto Politécnico de Bielorrusia, recientemente depositó en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una demanda contra el ingeniero Francisco Pagán, por supuestos daños patrimoniales que le habría ocasionado cuando era director de la referida institución gubernamental.
Adolfo Francés, Ángel Aníbal Pichardo, Marcos Ureña, Freddy Lara, Martín González, Leonardo Ortiz, José David Bautista, Claudio Cesar Guzmán, José Juan Persia, Marcos Vargas y Jovany Cuevas, entre otros, en un comunicado de prensa expresan que se solidarizan con la demanda hecha por Liberato “por tratarse de una causa justa avalada por normativas jurídicas”.
En varias intervenciones públicas Liberato ha declarado que producto de la actitud de Pagan de no pagarle una deuda depurada, ha perdido casi todo el patrimonio adquirido durante 36 años de ejercicio profesional.
La deuda cuyo pago le reclamó a Pagán durante los cinco años que estuvo al frente de la OISOE es por trabajos de terminación de la extensión de la UASD en Mao, la cual fue inaugurada hace nueve años.
“Expresamos nuestro apoyo solidario al compañero Miguel Liberato, pues se trata de una justa demanda sustentada en mandatos de la Constitución y varias leyes vigentes en nuestro país”, dice el comunicado de prensa.
Para demandar a Pagan el contratista ha señalado que la ley 41-08 sobre Función Pública establece que los funcionarios son susceptibles de ser sometidos por los daños que causaren con una acción u omisión administrativa.
Sobre el particular Liberato sostiene que “tras depurar la deuda mediante una auditoría y Pagan no procederse al pago de la misma, el funcionario incurrió en una omisión administrativa y un abuso de poder”.
