EXTRALIMITARSE NO ES BUENO

PASANDO REVISTA

Por Rafael Polanco
Periodista y politólogo 

No creo que exista un solo dominicano que se oponga a la obligatoriedad del uso de las mascarillas, como forma de evitar que más personas sigan contagiándose del coronavirus.

Es evidente que el uso de las mascarillas es un asunto de vida o muerte, por ello no debería tener que obligarse a nadie a usarlas, pero hay gente a quienes, si no es sobre la base de la fuerza, no optemperan a cuidarse y cuidar a los demás. 

Apoyado en la Ley número 42-01, que establece que el incumplimiento de las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles se considera como una violación, la cual será sancionada con multas que oscilan entre uno y 10 salarios mínimos.

Si el Ministerio de Salud Pública aplica las multas a las personas que no usan mascarillas en los espacios públicos o privados de uso colectivo, conforme a la recién emitida resolución 00-16, las mismas tendrían un costo de entre 10 mil pesos a 100 mil pesos, tomando en cuenta que serían de uno a 10 salarios mínimos.

Ese monto sería en función de que la cartera de Salud aplique las multas en base al salario mínimo en el sector gubernamental, pues en el país existen muchas escalas de salarios mínimos.

Ahora bien, la resolución de marra luce descabellada, extralimitada, por varias razones y más bien se inscribe en el estilo fiscalista que caracteriza a las autoridades oficiales, que andan buscando de dónde sacar dinero de las costillas de los ciudadanos.

De ahí el derroche de multas por violar el toque de queda, aunque la razón haya sido por problemas de salud, o porque se le hizo tarde a un trabajador y no le dio tiempo a llegar a su casa o por salir a buscar comida para no morir de hambre.

Cuando escuché al ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas hablar de multas de entre uno y 10 salarios mínimos a los violadores del uso de las mascarillas, me pregunté: sabrá ese funcionario que en el país existen unos 18 niveles de salarios mínimos.

Sin ser un experto o conocedor de la materia, también me surgió preguntar sí el Ministerio de Salud Pública tiene facultad legal para imponer multas y más aún por algo que no está tipificado como un delito, ni en la Constitución ni en ninguna ley.

Esa respuesta acaba de ofrecerla el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, quien afirmó que ninguna disposición legal autoriza al Ministerio de Salud Pública a imponer las multas por no usar mascarillas en lugares públicos por la pandemia del COVID-19.

En su cuente de Twitter, el jurista señala: ¨estoy de acuerdo con el uso obligatorio de las mascarillas, pero para evitar abusos de las autoridades en la aplicación de la resolución de Salud Pública, debo decir que ninguna disposición legal autoriza a ese ministerio a imponer las multas contempladas¨.

El uso de mascarillas es obligatorio desde mediados de abril y la mayoría de la población cumple la disposición, aunque hay que recordar que los dominicanos no estamos acostumbrados a usarlas y en ocasiones, teniéndolas a manos, olvidamos ponérnoslas.

La práctica demuestra que aquí nada más hay que abrir una brecha para que comiencen los excesos de algunas autoridades, de ahí que me parece acertada la advertencia del magistrado Subero Isa de que se deben evitar los abusos.

En el país se inició el proceso de desescalada desde el 18 de mayo, pero se encuentra estancado en la fase dos, debido al incremento desmedido de los contagios, que crecieron conjuntamente con una mayor aplicación de las pruebas para detectar los enfermos.

Sin embargo, la resolución no establece cómo serán aplicadas las multas, cuál autoridad las impondrán y cómo sería el mecanismo de pago de las infracciones.  Luce que se trata de una decisión improvisada, como quien está dando palos a ciega. Extralimitarse no es bueno.

La resolución exhorta a la población a observar las demás medidas de higiene y distanciamiento físico recomendadas por las autoridades y organismos especializados.

Todo esto se registra en medio del final de un gobierno que culmina su mandato el próximo 16 de agosto, pero antes, deberá realizarse las elecciones presidenciales y congresionales, fijadas para el 5 de julio venidero.

Corresponde ahora a la Junta Central Electoral (JCE) garantizar elecciones libres y con las medidas de seguridad que permitan a los ciudadanos ejercer el voto en un ambiente de confianza, sin miedo ni preocupaciones.
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EXTRALIMITARSE NO ES BUENO
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