Por Ramón Mercedes NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad, que se benefician de ayudas públicas del gobierno de los E...
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en esta ciudad, que se benefician de ayudas públicas del gobierno de los Estados Unidos, entre ellas cupones de comida, apoyo de vivienda, asistencia de alquiler, vivienda subsidiada, Medicaid y parte de Medicare, se sienten preocupados por la decisión tomada esta semana por la Suprema Corte sobre la carga pública.
Los quisqueyanos, no queriendo identificarse porque son beneficiarios de las mismas, indican que están en procesos de pedir sus hijos, padres y esposos, y la Suprema Corte levantó una orden judicial a nivel nacional dando luz verde a la administración del presidente Donald Trump para que las autoridades de inmigración determinen si un extranjero que solicita “residencia permanente” es inadmisible a territorio estadounidense.
Inmigración actuará bajo la sección 212 (a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y determinará quién puede ser considerado dependiente del gobierno y, por lo tanto, negarle a obtener la residencia permanente y otras visas, en el entendido de que en cualquier momento la persona admitida se convierta en una carga pública para el gobierno.
Los oficiales de inmigración no considerarán para evaluar a un inmigrante, programas como CHIP, el EITC y el impuesto sobre menores Crédito (CTC), Medicaid de emergencia, D-SNAP para recibir alimento durante desastres, SSDI que es para personas con discapacidad y ayudas durante emergencias (TEFAP).
Tampoco el Head Star, que es una ayuda de alimentación para campesinos, programas estatales de ayuda no monetizables para grupos tribales, NSLP, que es apoyo para desayuno y/o lunch escolar, WIC, el programa de nutrición especial para madres y niños, entre otros.
La norma no aplicará a refugiados, asilados, peticionarios de Visa T, es decir, víctimas de trata protegidas; protegidos con Visa U, o sea víctimas del crimen protegidas bajo este permiso de estancia.
Asimismo víctimas de violencia doméstica, bajo el programa VAWA y los Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), es decir, aquellos menores que han sido maltratados o abandonados por sus padres y podrían recibir la residencia permanente.
