Reportaje Las autoridades ambientales y municipales de Baní se declaran incompetentes para detener a los agresores del afluente; se ju...
Reportaje Las autoridades ambientales y municipales de Baní se declaran incompetentes para detener a los agresores del afluente; se justifican en la falta de personal, de equipo y de presupuesto. Comunitarios de Las Yayitas se quejan de que en los últimos años se han deforestado las montañas para dar paso a la siembra de aguacates.
El río Baní contaminado, y con un puente improvisado, a su paso por Pueblo Nuevo y Fundación.
La sangre casi llega al río Baní. Sus aguas corren lentas bordeando montículos de desechos de construcción que invaden su cauce, mientras algunos comunitarios tratan de mediar entre un padre y su hijo amenazados por un camionero con un machete.
Uno de los hombres, que se autodenomina cuidador del río, acusa al conductor de un camión que pasa por el lugar de ser uno de los que descargan desechos sólidos en el afluente.
Entre el “yo no tiro (desperdicios)” y el “sí, tú sí tiras” se calentaron los ánimos. El conductor blande su machete y el hijo del cuidador se aprovisiona de piedras en ambas manos para enfrentarlo. Se alza el vocerío de mujeres y hombres que piden dejar la trifulca.
El conflicto tiene lugar en El Paso de los Hierros, entre los barrios Pueblo Nuevo y Fundación, dos comunidades de la provincia Peravia, separadas por el río Baní.
Mientras los comunitarios buscan aplacar la acalorada disputa, el afluente es testigo silente del recorrido de otro camión que cargado de desperdicios pasa al lado del grupo, intenta descargar en el lugar, pero decide ir a otra parte. Lentamente, el vehículo se va por la orilla hacia norte y en poco tiempo se pierde con su carga entre las malezas.
“Van hacer que uno coja la cárcel aquí, porque por más que uno les hable y les pelee para que no tiren desperdicios, con los camioneros no se puede”, comenta a los reporteros José Altagracia Arias, minutos antes de que iniciara la discusión.
Las disputas son frecuentes, afirma Arias, quien critica, enérgico, el daño que están haciendo al río, en cuya orilla tiene su vivienda y teme que tantos desperdicios puedan provocar, en épocas de lluvias, obstrucciones a las aguas y, por consiguiente, inundaciones que derriben su pequeña casita de hojalata.
Ya en 2007, durante la tormenta Noel que azotó el país y dejó pérdidas millonarias, unas 20 personas del sector Santa Rosa murieron arrastradas por un desbordamiento que, además, afectó unas 100 familias.
Los desechos de construcción y basura doméstica son solo parte de las agresiones que sufre el río Baní. De su lecho también se extraen ilegalmente materiales de construcción; en las zonas altas, como las comunidades de Paso la Palma o el Recodo, salen tuberías de diferentes tamaños para regar montañas en donde el bosque cede a la siembra, casi siempre de café y aguacate.
En los últimos años el río ha visto el desmonte acelerado de parte de su cuenca, sobre todo en la zona de su nacimiento en Las Yayitas, afectada por los cultivos.
El Baní recorre unos 20 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en la playa Paya, en el mar Caribe. Es una importante fuente de agua para el municipio.
Autoridades ambientales y municipales insisten en que se cumpla una vieja promesa gubernamental de construir una presa en La Gina, que aprovecharía el agua para alimentar el acueducto de la zona.
“Hasta ahora el acueducto se alimenta de la presa Valdesia que también alimenta a los acueductos de Santo Domingo y San Cristóbal, pero con las sequías que estamos teniendo, esa presa no da abasto y tendremos que aprovechar el agua del Baní para asegurar el suministro de la provincia”, comenta el encargado ambiental provincial, Joaquín Bautista.
La deforestación en Las Yayitas también amenaza el paraíso turístico en torno al río Baní, apreciado por quienes se aventuran al senderismo con la opción de darse un fresco chapuzón en diversos charcos y cascadas.
Las familias que viven en Las Yayitas combinan sus actividades agrícolas con servicios de guías turísticos y pequeños paquetes de comida y mulos para los visitantes que, en ocasiones, pueden superar las 300 personas.
La cuenta mental de las visitas la llevan Arsenio González, presidente de la Junta de Vecinos Las Yayitas en Acción, y Francisco Elías Tejada Villar, uno de los guías que conducen a los decididos en caminar durante 18 horas (chapuzones incluidos) para llegar al parque Jigüey, acampando previamente en la Reserva Científica Loma Barbacoa y en los campos de café de Los Jobos.
Esta actividad le genera ingresos a Francisco superiores a los RD$10,000 por cada grupo de 20 que recibe, pero tiene una preocupación, que es la misma que atormenta a Arsenio.
El río disminuye su caudal y, aunque saben que el país vive una larga sequía en la actualidad, aseguran que la merma viene desde hace más tiempo y se debe a la intensa deforestación de las montañas para dedicarlas al conuquismo.
Manuel (Tito) Guerrero es un activista ambiental de la Fundación Universo Verde que trabaja en la preservación del río.
Afirma que “sectores de acá intentan comprar en las montañas para sembrar aguacates e intentan talar los árboles, incluso, dentro del parque”. Se refiere al Parque Nacional Padre Luis Quin, declarado área protegida en 2009 para salvaguardar y “aprovechar la loma La Tachuela, que se eleva sobre los 1,545 metros sobre el nivel del mar en el extremo oriental de la Cordillera Central, “así como los múltiples cursos y saltos de agua que se originan allí”.
“Todo esto va a terminar seco. Aquí había un caudal que casi no se podía pasar. Pero la deforestación que hicieron muchísimos dueños de conucos... es acabando con los montes que están”
Joaquín Bautista, encargado de Medio Ambiente en Baní, admite que las denuncias que se han presentado, y las que han instrumentado ellos mismos, no logran castigo.
Sin ofrecer un número específico, dice que ha sometido a la justicia a varias personas, pero que siempre terminan con una sanción y visitación periódica, y que nunca hubo sentencia.
De la tala del bosque dice no tener mucha información, apenas una denuncia reciente, y que, asegura, procederá a enviar un equipo a la zona a investigar. Excusa su poca información en la falta de personal y equipos.
“Tengo dos efectivos del Senpa (Servicio Nacional de Protección Ambiental), un capitán y un mayor en una motocicleta y cuando la camioneta está disponible se la facilito a ellos. Pero esos agentes son para la provincia entera, donde tengo que vigilar 150 kilómetros de río, playas, arroyos y dunas. Y ni siquiera es un motor en buenas condiciones”, dice.
Nelson Camilo Landestoy, alcalde de Baní por los últimos 17 años, también admite que la extracción de materiales es un problema que no pueden controlar. “Imagínese que a la Marina (la Armada) y a Medio Ambiente no los respetan, menos van a respetar a los policías municipales”. Tampoco tiene personal para vigilar, pues los 13 millones de pesos mensuales que recibe el cabildo no les alcanzan –dice– para resolver los problemas de un municipio de 150,000 habitantes.
