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Por Alejandro Almánzar
Del tema vial en República Dominicana hablamos desde tiempos inmemoriales, propuestas vienen y van, pero es de esos problemas que, por lo visto, no tiene solución en el país y la ciudadanía debe vivir diariamente escenas horrorosas con accidentes vehiculares.
Con consecuencias catastróficas, en que muchos quedan mutilados cuando tienen “mejor suerte”. Llorar y enterrar a sus muertos es cuánto puede hacer la familia, mientras el Estado reparte el Presupuesto Nacional a ONG y a partidos políticos, en lugar de invertir en señalizaciones, educación a conductores y peatones.
Hoy peor que nunca, cuando la improvisación se ha adueñado de la administración pública y hechos como estos sólo son titulares de prensa, aunque quienes se dedican a estudiar el fenómeno denuncian que estos ocasionan más muertes y traumatismos que enfermedades catastróficas, entiéndase Cáncer, SIDA y otras.
Y ahí está el problema, la autoridad verá estos informes como la tinta que necesita llenar una hoja en blanco, sin la menor importancia. Las leyes si existen, son violadas, porque usted recorre millas de distancias para encontrarse con un anuncio sobre la velocidad establecida y el desaprensivo que maneja hace cuanto se le ocurre.
¿Esto no debería ser preocupación para “Participación Ciudadana y la llamada Sociedad Civil? Sólo pregunto. Por eso, la mañana del pasado viernes en Piedra Blanca, Bonao, se vivieron escenas de terror con otro accidente que llevó luto y dolor a la familia, cuando el gobierno se distrae en banalidades.
Este involucra un camión de militares, embestido por un autobús de pasajeros según medios de prensa locales. Se habla de tres soldados fallecidos y varios heridos en hospitales de la zona. Anteriormente, en Puerto Plata, un padre y su hija murieron accidentados por otro vehículo en la avenida Manolo Tavares Justo, de Sosúa.
Las víctimas fueron el educador Melvin Ramón Pichardo y su hija Emely Nicol, fallecidos en el acto, al recibir golpes y heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo, que dejó, además, ocho lesionados en diferentes centros médicos. Otro informe por ahí indica que los accidentes se han convertido en una pandemia peor que la Covid 19.
Por ejemplo, de 2020 a 2023 murieron más personas por esa causa como lo indican estas estadísticas, 7,354 fallecieron atropelladas en las vías públicas, mientras sólo 4,384 a consecuencia de la Coronavirus en el mismo periodo, según datos del Ministerio de Salud Pública.
Todo esto ocurre sin que la ciudadanía vea la determinación del Estado para detener el desorden de un tránsito caótico, donde la gente pierde la vida como si a nadie le importara nada. Viajé recientemente al país y como siempre, uso transporte público para trasladarme de un lugar a otro cuando mi hija no dispone de tiempo, porque, aunque tengo vehículos a mi disposición que me ofrecen amigos y familiares, prefiero no manejar allí por la falta de regulaciones y señalizaciones en las ciudades y noté a jóvenes conduciendo autobuses de pasajeros con muy poca experiencia.
Y no por su juventud, sino, nadie descarta que su licencia sea una tarjeta de un coronel, un general o de algún funcionario amigo de la familia. Y sólo ese tráfico de influencia trae desgracias a la población, sin que las autoridades detengan a estos terroristas al volante que siembran el terror en carreteras, calles y avenidas dominicanas.
