Por Manuel Vólquez Los asesinatos de la empleada de una joyería en la calle El Conde, Annery Peña Pérez, ocurrido en la Zona Colonial de S...
Por Manuel Vólquez
Los asesinatos de la empleada de una joyería en la calle El Conde, Annery Peña Pérez, ocurrido en la Zona Colonial de Santo Domingo, y del comerciante Jesús Díaz en el sector Marañón de Villa Mella, deben verse como un reto más de la delincuencia a nuestras autoridades.
Jesús Díaz fue sorprendido en el frente de su vivienda cuando organizaba unas mercancías para distribuirlas a la clientela. El delincuente le exigió entregar el dinero que llevaba encima, luego le disparó al pecho y en las piernas, de acuerdo al testimonio de una hija de la víctima.
Esos apenas son dos crímenes horribles de los que con frecuencia suceden en el marco de la violencia que afecta a la República Dominicana.
Los robos en residencias y asaltos a ciudadanos en la vía pública, son iguales de catastróficos como los feminicidios, las muertes en medio de discusiones por un estacionamiento, por puntos de drogas, por el roce de un vehículo, los suicidios y los accidentes de tránsito.
Las estadísticas de estos últimos seis renglones son escalofriantes. Bastaría con observar los archivos periodísticos de los últimos años para determinar que estamos muy mal como sociedad organizada, con la agravante de que de nada han servido las recomendaciones refrendadas por los teóricos sociales, profesionales de la conducta, de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República en los talleres, congresos y conferencias, organizados para buscar soluciones a la violencia, sobre todo la de género.
Pienso (al tenor de que me consideren exagerado) que el tema de la delincuencia debe verse como un asunto de prioridad nacional en la agenda del Gobierno. No es un problema de percepción, como han postulado, de manera ridícula e irresponsable, algunos sectores políticos gubernamentales.
Estamos inmersos en un escenario de terror impuesto por sujetos antisociales que abundan libres por las calles, armados de pistolas, revólveres, puñales y cuchillos, para asaltar y asesinar a ciudadanos indefensos.
En las redes sociales aparecen vídeos presentando a los malhechores cuando proceden a despojar de las pertenencias a los transeúntes. Incluso penetran a pie a los estacionamientos de edificios residenciales para robar vehículos y accesorios. Otros cometen esas fechorías en los autobuses interurbanos repletos de pasajeros, así como en carros del transporte público, rotulados y privados.
Los delincuentes han impuesto su propio código en la calle. Ya no estamos seguro ni en nuestros hogares. Aparecen por todos lados y se reproducen como las hormigas. ¿Es tan difícil controlar a ese flagelo perturbador?
Son tan osados que hasta incursionan en las fiestas de cumpleaños, las bodas y en horas de esparcimiento familiar en lugares públicos para arrebatar a los presentes sus celulares y dinero. ¡Cuánta impotencia!
En muchas ocasiones, roban y violan mujeres. En caso de ser apresados, son liberados por los fiscales o los jueces debido a que las víctimas no se atreven a querellarse contra ellos porque son amenazadas de muerte junto a sus familiares. Esa es una razón de por qué continúan delinquiendo.
Ellos han impuesto la cultura del miedo, se han burlado del sistema político y jurídico, y seguirán cegando vidas hasta que un día el pueblo imponga su propia justicia.
Los asesinatos de la empleada de una joyería en la calle El Conde, Annery Peña Pérez, ocurrido en la Zona Colonial de Santo Domingo, y del comerciante Jesús Díaz en el sector Marañón de Villa Mella, deben verse como un reto más de la delincuencia a nuestras autoridades.
Jesús Díaz fue sorprendido en el frente de su vivienda cuando organizaba unas mercancías para distribuirlas a la clientela. El delincuente le exigió entregar el dinero que llevaba encima, luego le disparó al pecho y en las piernas, de acuerdo al testimonio de una hija de la víctima.
Esos apenas son dos crímenes horribles de los que con frecuencia suceden en el marco de la violencia que afecta a la República Dominicana.
Los robos en residencias y asaltos a ciudadanos en la vía pública, son iguales de catastróficos como los feminicidios, las muertes en medio de discusiones por un estacionamiento, por puntos de drogas, por el roce de un vehículo, los suicidios y los accidentes de tránsito.
Las estadísticas de estos últimos seis renglones son escalofriantes. Bastaría con observar los archivos periodísticos de los últimos años para determinar que estamos muy mal como sociedad organizada, con la agravante de que de nada han servido las recomendaciones refrendadas por los teóricos sociales, profesionales de la conducta, de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República en los talleres, congresos y conferencias, organizados para buscar soluciones a la violencia, sobre todo la de género.
Pienso (al tenor de que me consideren exagerado) que el tema de la delincuencia debe verse como un asunto de prioridad nacional en la agenda del Gobierno. No es un problema de percepción, como han postulado, de manera ridícula e irresponsable, algunos sectores políticos gubernamentales.
Estamos inmersos en un escenario de terror impuesto por sujetos antisociales que abundan libres por las calles, armados de pistolas, revólveres, puñales y cuchillos, para asaltar y asesinar a ciudadanos indefensos.
En las redes sociales aparecen vídeos presentando a los malhechores cuando proceden a despojar de las pertenencias a los transeúntes. Incluso penetran a pie a los estacionamientos de edificios residenciales para robar vehículos y accesorios. Otros cometen esas fechorías en los autobuses interurbanos repletos de pasajeros, así como en carros del transporte público, rotulados y privados.
Los delincuentes han impuesto su propio código en la calle. Ya no estamos seguro ni en nuestros hogares. Aparecen por todos lados y se reproducen como las hormigas. ¿Es tan difícil controlar a ese flagelo perturbador?
Son tan osados que hasta incursionan en las fiestas de cumpleaños, las bodas y en horas de esparcimiento familiar en lugares públicos para arrebatar a los presentes sus celulares y dinero. ¡Cuánta impotencia!
En muchas ocasiones, roban y violan mujeres. En caso de ser apresados, son liberados por los fiscales o los jueces debido a que las víctimas no se atreven a querellarse contra ellos porque son amenazadas de muerte junto a sus familiares. Esa es una razón de por qué continúan delinquiendo.
Ellos han impuesto la cultura del miedo, se han burlado del sistema político y jurídico, y seguirán cegando vidas hasta que un día el pueblo imponga su propia justicia.
